Campesinas y estudiantes contra la fiebre del oro

Entrevistas y texto: Patricia Simón           Vídeo y fotografías: Alex Zapico (Piedras, Tolima)

Liderada por sus mujeres, una pequeña comunidad de Colombia lleva meses abanderando la resistencia contra dos gigantes: la gran apuesta económica del presidente Santos y la minera multinacional AngloGold Ashanti. Y lo hacen armados con una determinación inquebrantable a no perder lo único que tienen: la tierra que da de comer a sus hijos.

La exmonja y actual lideresa del ‘No’ a La Colosa, Ángela Méndez, resume así estos meses de lucha: “Hemos sido un ejemplo para el país, estamos dando la batalla a una empresa que es un monstruo al que nadie le ha salido al paso en el mundo. Nosotros, un pequeño pueblo de gente sana, lo hemos hecho sin provocar un derramamiento de sangre, todo dentro de la normalidad. La policía y el ejército sí atropellaron a la comunidad. Qué cobardía la del Estado, atropellar a gente que no tiene nada en sus manos”. 

en el puente de la entrada de Piedras (Alex Zapico)

Mayra, Luz Marina y Memba en el puente de la entrada de Piedras (Alex Zapico)

Tres mujeres hacen guardia frente a un desvencijado puente de piedra. Si llegan las máquinas, los camiones, los trabajadores que pretenden explorar el subsuelo, darán la voz de alerta a sus vecinos para volver a interponerse en su camino, como ya lo han hecho en anteriores ocasiones, hasta que den media vuelta y se vayan por donde han venido. Así desde hace siete meses, así, a base de agallas, impidieron a la tercera empresa aurífera más grande del mundo abrirse camino hasta su territorio, a los militares que les acompañaban, a los policías montados a caballo. El municipio de Piedras, en el departamento de Tolima, vive de los cultivos de arroz, los mejores del país, del algodón y de la ganadería que pasta en las extensas y fértiles planicies que nos rodean, verdecidas por los caudalosos ríos Coello y Opia, conocido éste último por sus exquisitas ostras de agua dulce, únicas en Colombia. Los mismos terrenos en los que AngloGold Ashanti pretende establecer las plantas de lixitación con cianuro para extraer el oro de los cientos de miles de toneladas de rocas que tendrían que ser transportadas desde la boca de la mina, situada a 75 kilómetros en el municipio de Cajamarca.

 

Mayra Camila Acosta, Luz Marina Guevara y Memba Barrero Millán llevan turnándose con sus vecinos desde el 31 de enero “para impedir que entren porque ellos nos dicen que, así sea por encima de la gente, van a pasar, que antes nos tenemos que ir nosotros que ellos” nos explican mientras, desde los automóviles en marcha los pasajeros las saludan y animan. “Entraron con mentiras”.

 

Más del 40% del territorio colombiano –450.000 kilómetros cuadrados, casi la superficie total del Estado español– está asignado o solicitado por empresas mineras dedicadas a la extracción de carbón, oro, níquel y otros minerales, localizados en muchos casos en parques naturales, páramos donde afloran muchos de los acuíferos del país, así como reservas de territorios de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Todo ello en un país donde el acceso a la tierra sigue siendo la gran cuestión pendiente: el 77% está en manos del 13% de la población, de los cuales una oligarquía integrada por el 3,6% son propietarios del 30% del territorio nacional.

 

El apogeo de la industria extractiva tuvo su pistoletazo de salida con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia. Si bien en toda la década de los 90 se habían adjudicado unas 1.800 licencias, de 2002 a 2011 se concedieron hasta 8.000 y otras 20.000 fueron admitidas a trámite. Con la sucesión en 2010 de Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en el anterior gobierno, la política minero-energética se consolidó al plantearla como una de las locomotoras de desarrollo que desembocaría en “la prosperidad de todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad”.

Tan desbordado era el optimismo que en 2011 el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, ante la preponderancia del capital canadiense en la industria minera mundial, el 75% del total, no contuvo su regocijo al proclamar: “los españoles descubrieron América hace 500 años y los canadienses descubrieron Colombia hace 10. De lo que estamos muy contentos”.

 

Judit con su madre y su hijo en su casa (Alex Zapico)

Judit con su madre y su hijo en su casa (Alex Zapico)

Rodeada de árboles frutales y flanqueada por un pozo de agua, Judit Gómez nos recibe en su casa. En una silla, su padre anciano pasa las horas en silencio observando a los nietos jugar por los alrededores. Su anciana madre derrocha energía recogiendo bananos, horneándolos, lavando platos, tendiendo ropa, mientras Judit hace balance del recorrido que la llevó de una vida como ama de casa a organizar con sus vecinos un referéndum que sorprendió al país con su rotunda negativa a la mina de La Colosa. “Yo siempre he vivido en el campo y ahora defendiéndolo. Es la primera vez que me he visto en una situación como ésta, pero nos hemos visto obligados porque si no lo hacemos nosotros, no hay quien lo haga. El gobierno es el que nos está mandando a esta gente encima. Cuando llegaron y escuchamos que iba a ser una empresa muy contaminante, yo no le puse mucho cuidado porque lo mismo dijeron con la petrolera”. Desde hace 25 años, 4.000 barriles de petróleo son extraídos de los 58 pozos que agujerean este municipio de menos de 5.500 habitantes, lo que no ha dejado ningún beneficio palpable en esta población de caminos por asfaltar e instalaciones eléctricas herrumbrosas.

 

Anglogold “dijo que venía a estudiar animalicos y plantitas, pero después empezaron a meter maquinaria grandota, unos tanques y empezamos a preguntarnos por qué nos mentían. La comunidad empezó a abrir los ojos y decidimos pararnos en el puente, poner una cadena. Por la noche eran tres mujeres, pero a las seis de la mañana 20, y por la noche éramos más de 100”, recuerda Judit, que explica que sólo son cuatro los hombres activos en la oposición a AngloGold porque ellos trabajan y no pueden compatibilizarlo.

 

Fue entonces cuando representantes de la minera empezaron a reunirse con miembros de la comunidad y a “decirnos que nosotros no sabíamos, que iban a traer escuelas, ordenadores, parques… Y ahí vinieron los compañeros de la Universidad de Tolima a mostrarnos vídeos e informes de lo que AngloGold Ashanti había hecho en otros países”.

 

Jaime Andrés Tocora es uno de los estudiantes que durante meses ha casi abandonado el campus universitario para adentrarse en las veredas de Piedras y, casa por casa, explicar a sus habitantes las consecuencias que tendría la construcción de una mina de oro a cielo abierto en “el yacimiento más grande hallado en los últimos diez años en todo el mundo” según declaró Rafael Hertz, el presidente de la compañía. “Hace tres años creamos el Comité de Defensa de la Vida para dar respuesta a la problemática de la mina de La Colosa, pero entendíamos que esa pelea había que darla con todos los sectores de la sociedad: campesinos, amas de casa, trabajadores… La minería a cielo abierto extrae un gramo de oro de cada tonelada de roca, para lo que se requieren 1.060 litros de agua. Para un kilo de carne se emplean 15 litros, para la papa 0,7%, para el arroz 0,3%… La agricultura es algo fundamental, pero ¿quién consumió oro para poder vivir? Y además después de emplear el agua, la contamina con arsénico, zinc, plomo. La multinacional prevé sacar más de 45 millones de onzas, pero ¿cuánto le va a quedar al país?”. Los megaproyectos mineros de las transnacionales gozan en Colombia de una de las tasas más bajas de impuestos del mundo: apenas un 5% de los beneficios declarados de media y menos de un 4% en el caso del oro. Mientras, el gobierno ha desatado una persecución contra la llamada minería “artesanal”, ilegal por carecer de autorización, y que en algunos casos es de donde obtienen el sustento poblaciones rurales desde hace décadas.

 

“En Ghana y en el Congo, AngloGold Ashanti provocó desplazamientos masivos, problemas de salud por la contaminación y tuvo vínculos con el paramilitarismo”, añade Jaime. Efectivamente, el gobierno de Ghana suspendió en 2010 sus derechos a explotar uno de sus dos yacimientos de oro, tras más de 12 años en el terreno, por daños medioambientales. Pero los campesinos llevaban desde 2008 denunciando que AngloGold les estaba expulsando de sus tierras. En la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente también investiga a la multinacional por falsear las ganancias obtenidas y por evasión de impuestos. En el caso de la República Democrática del Congo, la ONG Human Rights Watch reveló en 2005 que la multinacional financió al grupo paramilitar Frente Nacionalista e Integracionista – “uno de los más sangrientos” leemos en su informe–, para tener acceso a las minas de oro, “mientras la población civil sufría matanzas, violaciones y tortura”. Por todo ello, Greenpeace la eligió en 2011 para su ‘galardón’ Public Eye Award como la entidad más irresponsable socialmente.

 

“Y ahora nos traen a esta empresa a Colombia, donde el flagelo del paramilitarismo todavía se siente”, recuerda Jaime. De hecho, la superposición de los mapas del desplazamiento y de la concesión de licencias mineras evidencia una flagrante coincidencia entre ambos. Según cifras de la ONG internacional Brigadistas por la paz, que acompaña, actuando como escudos humanos, a activistas y líderes sociales amenazados, el 80% de las violaciones de derechos humanos cometidas en Colombia han sido en zonas minero-energéticas, de donde, además, proceden el 87% de los desplazados. Estamos hablando del país con mayor número de refugiados internos: más de 6 millones de personas que  han sido forzadas a abandonar sus hogares y que siguen malviviendo en los arrabales de las ciudades, subsistiendo gracias a la mendicidad, a la economía informal y a la inherente capacidad del ser humano para resistir.

 

Sin embargo, no todas las licencias tienen la finalidad de explorar el subsuelo. El paramilitarismo, las guerrillas y el narcotráfico han encontrado en las minas una vía muy barata para blanquear el dinero procedente de la exportación de la cocaína: lo retornan presentándolo como beneficios de la explotación y tributan menos de un 4% al Estado. Colombia, un país que duplicó su PIB y el gasto público en los últimos veinte años, que sólo redujo la pobreza extrema en un 2% y que sigue aumentando el abismo entre pobres y ricos hasta encontrarse entre los cinco con mayor desigualdad en el mundo.

 

Tras numerosas manifestaciones, protestas y enfrentamientos con los representantes de la mina, los vecinos de Piedras aliados con los universitarios celebraron a finales de julio un referéndum con el respaldo del alcalde y del gobernador, hechos que legitiman constitucionalmente la consulta que consiguió convocar al 60% del padrón electoral: 2.971 votosen contra de la mina, 24 a favor. Sin embargo, el gobierno de Santos ha ninguneado el resultado amparándose en que sólo la Administración nacional tiene potestad sobre el subsuelo.

 

Desde entonces, Anglogold ha seguido engrosando su web con vídeos, informes, libros y publicaciones producidos con el fin de demostrar que el manejo ambiental de La Colosa responde a los más altos estándares medioambientales. Asimismo, la multinacional acusa a la comunidad de Piedras de “satanizar” la minería y reitera que “La Colosa es una oportunidad de oro para el Tolima, que traerá progreso y bienestar gracias a una trayectoria probada en más de 20 operaciones en el mundo y a un compromiso permanente con la comunidad y el medio ambiente”.

 

Por el contrario, Jaime advierte: “Más del 50% de la mina queda en zona de una zona de reserva forestal y el resto es agrícola, con más de 270 yacimientos de agua que abastecen los cultivos arroceros. Vamos a tener problemas de todos los órdenes, también de soberanía alimentaria por un modelo que no responde a la vocación agrícola de nuestro país”.

 

Por ello, los vecinos de Piedras siguen cerrando las puertas en las narices a los trabajadores de la minería y les echan literalmente del pueblo a empujones e insultos antes siquiera de que les puedan persuadir con futuros escenarios de bonanza económica  Pero su determinación no es escudo suficiente para los intentos de amedrentamiento.

 

Mari Ángela Méndez Sánchez es la presidenta de la Junta de Acción Comunal -un órgano de gobierno ciudadano local- de la vereda Campo Alegre, en el municipio de Piedras. Tras una vida dedicada al activismo de los derechos humanos primero como monja y después como ciudadana tras abandonar los hábitos para formar una familia, contempla esta lucha como la última por problemas de salud. En una asamblea en la que el consenso contra AngloGold era absoluto pero no se plasmaban iniciativas concretas para ejercitarlo, “me subí a un escaño del polideportivo y propuse lanzarnos a un parón, con esa ansiedad que le lleva a una a defender lo suyo. Pero me conllevó muchos riesgos (…) He recibido amenazas muchas veces, vinieron a mi casa incluso, pero yo no les paré bolas. Parece que pueden ser trabajadores de la empresa, aunque no puedo juzgar por la información que tengo. Pero cualquier cosa que pudiera ocurrir por defender el terruño, que pase lo que Dios quiera”.

 

Ya en 2009, la periodista Alma Liliana recibió una llamada intimidatoria tras publicar una noticia titulada “Anglogold sigue ‘seduciendo’ a diputados” después de que la empresa invitara a congresistas a la región para conseguir la licencia de explotación. Una visita en la que no se admitió la presencia de los medios de comunicación. El directivo de la consultora de comunicación Pontex, contratada por la minera, llamó a Liliana para acusarle de haber empleado términos tendenciosos y malintencionados, advirtiéndole igualmente que el presidente de la minera “está muy molesto” y “va a hablar con usted”, según denunció internacionalmente la Federación de Asociaciones de Periodistas de Colombia (FECOLPER).

Este mismo verano, el comunicador John Fredy, de la radio de la Universidad de Tolima, también ha denunciado haber sido agredido y amenazado por un representante de la multinacional durante un acto organizado por el Comité ambiental estudiantil, al que también pertenece.

Estos episodios no resultarían tan alarmantes si Colombia no se encontrara entre los países más peligrosos para ejercer el oficio periodístico: 140 periodistas asesinados desde 1977, decenas de ellos que han tenido que exiliarse en algún momento de sus carreras o que han tenido que elegir entre abandonar su vocación, autocensurarse o morir.

“Mi vida ha cambiado, ya no hay tranquilidad. Cada mañana nos preguntamos, ¿qué va a pasar hoy? ¿Será que esta gente nos va a hacer algo malo? De noche ya no salgo sola. Y además nos llegaron dos demandas. Hay mucha gente a la que le da miedo decir ‘no’ por no tener una zozobra como la que hemos tenido nosotros”, lamenta Judit en medio de esta planicie verde radiante que es Piedras y donde cuesta encajar las leyes de un mercado cuyas crisis europea y estadounidense han provocado una huida de los inversionistas de las monedas más poderosas para volver a refugiarse en el oro como valor seguro, encareciéndolo en más de un 20%. Lehman Brothers cae en Nueva York, Judit y sus vecinos pierden la tranquilidad, AngloGold siembra la discordia. “Antes de llegar la mina no había problemas de convivencia, pero la tolerancia se ha ido quebrantando bastante. Hay peleas entre familias, entre quienes se vinculan a la empresa por desconocimiento de la gravedad de los problemas que conllevaría su llegada, y los que estamos en contra. Creo que es una de las políticas que utiliza la megaminería y siempre quedarán las secuelas”, lamenta Ángela antes de recuperar su tono combativo en la palabra, calmado en el tono. “Aquí corresponde dar la batalla jurídica. Si el Estado quiere matarnos diciendo que la minería va porque sí, entonces que nos mate de una vez por todas para no sufrir tanto: tener que salir como desplazados o dejarnos matar por la contaminación. La comunidad tiene que arriesgarse”.

Sentado en frente le escucha con admiración Jaime, que podría ser su nieto. Horas más tarde, le reencontramos en el campus universitario de Ibagué, donde una incesante actividad desborda sus calles, salas y aulas aún cuando nos encontramos en temporada de vacaciones estivales. Jaime nos explica qué hacen algunos de esos estudiantes a través de una concepción muy extendida en la formación colombiana: “La universidad te da las herramientas para entender la realidad, aquí te avisan de que hay otra verdad que no muestran los medios de comunicación. Pero si te quedas sólo acá, pierdes. Acá le enseñan a uno a encauzar la rebeldía y allá afuera nos están esperando para poder transformar la realidad con la gente, aprendiendo de ella”.

La complicidad que han ido tejiendo los vecinos de Piedras y los estudiantes del comité ha acercado dos mundos cada vez más alejados: el rural y el universitario. Judit esboza una sonrisa limpia y amplia cuando se le pregunta por ello. “Si vemos los noticieros, dicen ‘universitarios’ y suena a problema, a que son agresivos, revoltosos. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, viciosos. Pero conviviendo y trabajando con ellos una se da cuenta de que es mentira, que defienden algo porque no son pendejos, porque saben sus derechos, las leyes y las hacen valer”. Judit no tuvo la oportunidad de estudiar. Es más, cuando se lanzó a la defensa de su territorio, su propio marido la achantó al principio, “usted no sabe nada, ¿qué va a hacer por allá?”. Pero ella lo desarmó con un argumento irrebatible, “pero puedo aprender y ellos me van a enseñar”.

No vacila tampoco cuando se le plantea por cuál ha sido la principal conclusión que ha extraído de esta nueva vida sujeta a sobresaltos y pequeñas grandes victorias. “Yo pensaba que elegíamos a un presidente, un ministro, personas estudiadas que defienden nuestro país. Pero no, qué tristeza darse una cuenta de que es mentira, de que es un fraude, que una ponga su voto y esperanza y que no nos respalden. Y en lugar de darnos las gracias por estar donde están, porque pueden tener mucho estudio y plata, pero si no existiéramos ellos no son nada, porque somos hormiguitas que trabajamos y lo damos todo para que lo tengan todo allá: pagamos impuestos y no nos beneficiamos en nada. Entonces, uno se siente defraudado y les digo que no les necesitamos porque son corruptos, porque sólo trabajan para ellos, lo quieren todo para ellos. No piensan en el futuro de las nuevas generaciones”. Un discurso que pasa a engrosar el histórico abstencionismo colombiano, que en las elecciones de 2010 alcanzó el 51%.

Pero también un discurso que coincide con la mayor eclosión de protesta social de las últimas décadas. Huelgas de campesinos por el hundimiento de la agricultura por los Tratado de Libre Comercio y protestas estudiantiles se solapan en Colombia mientras las negociaciones de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC avanzan en Cuba, y a las que se prevé se unirá en breve el  ELN. Pero “la paz no se construye en La Habana, sino aquí, con toda la sociedad” repiten incansablemente las organizaciones de derechos humanos.

Por eso, la desafección política de Judit no es incompatible con el resto de su discurso. “El aprendizaje más grande que he tenido es que tenemos derechos y los podemos defender (…) Y que la unión hace la fuerza, que si yo no puedo sola, puedo hablar con los vecinos y entre todos podemos hacer mucho. Porque hay personas que. como yo, no saben que existe una Constitución, unas leyes, y eso es una lección muy bonita porque no defiendo sólo mi comunidad, sino el futuro de mis hijos y de todos nosotros… Porque nadie ha dicho que yo me vaya a morir mañana”. Ríe Judit mientras mira a a su joven compañero, Jaime, quien reivindica lo mismo, con distintas palabras: “Toca darle sentido a la vida, saberla vivir para que otros tengan la posibilidad de vivirla más dignamente”.

 

 

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